Torturas en la Guerra de Malvinas
Confirman procesamientos por torturas en Malvinas | Por haber estaqueado y enterrado soldados hasta el cuello como castigo por robar comida
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09 de abril de 2021
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva de tres militares retirados y dictó la falta de mérito de un cuarto en la causa que investiga torturas a soldados de la propia tropa durante la guerra de Malvinas. A seis días del 39º aniversario del inicio del conflicto bélico con Gran Bretaña, el tribunal confirmó por mayoría que se trata de delitos de lesa humanidad, por ende no prescriben, y ratificó de manera parcial el fallo que había dictado en febrero del año pasado el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego.
“Hoy los torturadores van a dormir menos tranquilos. Hoy se avanzó y mucho y dimos un paso importante en materia de verdad y justicia. Esto es la construcción del Nunca Más de Malvinas», sostuvo el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata, que interviene como querellante en la causa.
Con votos de Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, la Cámara confirmó el procesamiento de Eduardo Gassino, Gustavo Calderini y Miguel Ángel Garde, en tanto consideró que no existen elementos suficientes para procesar pero tampoco para sobreseer a Belisario Affranchino Rumi, que sigue imputado en la causa.
Los magistrados coincidieron con la jueza federal fueguina Mariel Borruto al considerar que se trató de delitos de lesa humanidad aunque modificaron su criterio al definirlos como “vejaciones” y no como “imposición de tormentos”, calificaciones ambas asimiladas al concepto de torturas en los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Los estaqueamientos y enterramientos en Malvinas, que comenzaron a investigarse en 2007 a partir de una denuncia del entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, no fueron hechos aislados o aleatorios sino que “presumiblemente formaron parte de una agresión, desplegada por la superioridad contra el personal subalterno, que por lo menos habría gozado de la aquiescencia del Estado”, indicaron los camaristas.
Juzgaron como una “práctica corriente realizada por el personal superior” la aplicación de “sufrimientos, consistente en la privación injustificada de alimentos, aplicación de sanciones ilegitimas y degradantes”, que definieron como parte de una “política de supremacía de los altos mandos por sobre los soldados más rasos”.
Los soldados Mario Sánchez y Ramón Salvador Caballeros “habrían sido estaqueados de pies y manos por más de dos días, ocasión en que se habría producido un bombardeo sobre la posición, lo que habría provocado la muerte de los nombrados”, apuntan los camaristas al enumerar los casos por los que dictaron los procesamientos.
Algunos soldados fueron “obligados a sentarse en el interior de un pozo para luego ser enterrados hasta el cuello, situación en la que permanecieron sin abrigos y sin cascos, entre nueve y diez horas, por haber sustraído y posteriormente haberse comido una oveja”. Otro fue obligado a “colocar sus pies cerca del fuego, con sus borceguíes y medias, ordenándole que no se moviera durante un día, para luego ser obligado a volver a su posición, circunstancia que le produjo ampollas en los costados de los dedos grandes”.
Un soldado estuvo estaqueado durante ocho horas bajo una nevada “a modo de castigo por el supuesto robo de comida”. Hubo también un “enterramiento en un pozo hasta el cuello, sin abrigos, sin cascos por más de diez horas, bajo temperaturas extremas y sin alimentos sufriendo las contingencias del clima y suelo congelado cuando pretendía dar aviso a su superior del castigo que se encontraban sufriendo sus compañeros”.
Uno salvó su vida de milagro luego de estar “estaqueado durante cuatro o cinco horas, atado de manos y pies con un nylon cubriéndolo durante un bombardeo nocturno”, mientras sus compañeros fueron obligados a realizar “movimientos vivos sobre el barro con hielo bajo la nieve mientras sufrían amenazas de ejecución”.
“Luego, cuando no se podía levantar debido al cansancio y al frío, sus superiores les habrían efectuado entre seis y siete disparos entre sus piernas y los habrían hecho parar en posición de firme mientras les pegaban con una barra de acero que se utiliza para limpiar los caños de los fusiles”, relataron.
En el caso de José Alberto Yanevich, sus superiores lo agredieron verbalmente y luego lo estaquearon durante dos días y le rompieron la nariz de un culatazo. “En ocasión en que se encontraba estaqueado, se habría producido un bombardeo y la deflagración de una bomba le habría provocado una ceguera momentánea que habría derivado en permanente”, recordaron.
En disidencia con el voto mayoritario, la tercera camarista, Hebe Corchuelo de Huberman, consideró que más allá de la gravedad de los hechos no se trata de delitos de lesa humanidad, por lo que a su entender estarían prescriptos por el paso del tiempo.
Aunque las torturas y abusos “pudieron haber atentado gravemente contra bienes jurídicos individuales, no resulta suficiente para su conceptualización como delitos de lesa humanidad”, sostuvo.
“No surgen constancias que permitan comprobar la pertenencia de dichos actos a algún plan de persecución o aniquilación sistemática. Por más aberrantes que puedan resultar las acciones que presuntamente se habrían desarrollado, no se encuentran acreditados los requisitos de sistematicidad ni generalidad del ataque, como elementos que elevarían los delitos supuestamente cometidos a la categoría más grave de delitos contra la humanidad”, escribió.
Salen a la luz por primera vez los archivos secretos de Malvinas que confirman torturas a soldados
La desclasificación de los archivos secretos de las fuerzas armadas sobre la guerra de Malvinas, conocidos esta semana, testimonia y ratifica las graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas contra los soldados por parte de sus superiores, y revela un plan de la dictadura para ocultar estos delitos al regreso de las tropas al continente.
Un primer informe del material que sale a la luz 33 años después de la guerra fue entregado esta semana por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, a la Comisión Nacional de Ex Combatientes, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenará -a través del decreto 503/15- la desclasificación de toda la documentación vinculada a Malvinas que se encontraba en los archivos de las fuerzas armadas.
«Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las propias fuerzas armadas y serán un gran aporte para la justicia», manifestó a Télam Ernesto Alonso, titular de la comisión de ex combatientes e integrante del CECIM de La Plata, que motorizó en 2007 la denuncia ante la justicia por las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados durante el conflicto bélico.
Entre la documentación desclasificada, se encuentran las denominadas «actas de recepción» que debieron completar los soldados a su regreso al continente, al término de la guerra, donde se dejaba constancia del estado de salud y las condiciones con las que habían sido tratados en las islas.
Los documentos fueron analizados por un grupo de investigación dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, digitalizada por el equipo de archivos de esa dependencia y su inventario puede ser consultado en la web www.archivosabiertos.com.
«Estos documentos corren el velo de hechos que fueron ocultados durante años por las propias fuerzas armadas y serán un gran aporte para la justicia»Ernesto Alonso, titular de la comisión de ex combatientes»La documentación es muchísima. En este primer relevamiento de los casos más emblemáticos, hicimos entrega de unas 700 actas, donde los testimonios -clasificados como secretos- acreditan los maltratos contados por las propias víctimas o por compañeros que relatan lo que vieron», explicó a Télam Stella Segado, directora de Derechos Humanos de la cartera de Defensa.
La mayoría de esos testimonios relatan que sufrieron pie de trinchera -congelamiento de los pies por la humedad y el frío del terreno-, desnutrición, casos de estaqueamiento, enterramiento en fosas y otros tipos de castigos físicos por haber dejado sus puestos para salir en busca de la comida que escaseaba entre los soldados.
La información desclasificada será remitida en los próximos días a la justicia federal de Río Grande, en Tierra del Fuego, donde tramita la causa por abusos sufridos por soldados durante el conflicto del Atlántico Sur, y también a la Procuración General de la Nación para el seguimiento del expediente.
Una de las actas, a la que accedió Télam, da cuenta del testimonio de un teniente primero que relata que un oficial «lo ató de pies y manos a la espalda, colocándolo de cara al suelo, en la arena mojada de la playa, desde las 9 hasta las 17 horas», u otro de un sargento que recibió patadas en los testículos por lo cual debió ser operado.
Otro documento secreto -firmado por el entonces comandante en jefe del Ejército, teniente general Cristino Nicolaides, el 30 de diciembre de 1982, seis meses después de terminada la guerra- revela un plan de la dictadura para ocultar esos delitos cometidos en las islas.
En el texto -rotulado como «secreto» por el Ejército- Nicolaides dejó asentados los lineamientos para ocultar las torturas y vejámenes que aplicaron a los conscriptos, en una nota dirigida al comandante del V Cuerpo del Ejército.
En esa nota, a la que también pudo acceder Télam, se indica que a la hora de impulsar una investigación interna, los vejámenes fueran considerados como simples «faltas disciplinarias» y que en los casos en que sea imposible por la gravedad del hecho, que se le informe la situación a él en persona para resolver el problema.
«En los casos en que se acreditare alguna infracción las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva», fue la orden escrita por Nicolaides, a fin de evitar filtraciones a la sociedad en un momento en que los dictadores procuraban conservar el poder tras la derrota en la guerra.
«Esta documentación demuestra que hubo una planificación de Inteligencia para evitar que los relatos de los soldados trascendieran cuando volvieran al continente», explicó Alonso, quien adelantó que todo el material desclasificado también será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los ex combatientes recurrieron a esta instancia por «negación de justicia» luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara prescripta la causa y clausurara la investigación.
Archivo Malvinas 