El Museo Naval de la Nación es una dependencia de la Armada Argentina, en el ámbito de la Secretaría General de la Armada dependiente asimismo del Ministerio de Defensa de la Nación.
El museo es una institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, y que efectúa investigaciones sobre los testimonios materiales del hombre y de su medio ambiente en relación a la evolución y desarrollo de la historia, cultura y tradición marítima y naval de la nación, adquiridos, conservados, comunicados y expuestos, para fines de estudio, de educación y de deleite.
Su historia
Fue fundado en 1892 por el Centro Naval y más tarde tomado a su cargo por el entonces Ministerio de Marina. En los años cuarenta, fue instalado en la ciudad de Tigre debido al incremento de su colección, donde funcionaban depósitos del Arsenal de Artillería de Marina de Zárate y dependencias náuticas del Centro Naval.
Esas instalaciones pertenecieron originalmente a los Talleres Nacionales de Marina, que junto a los de Zárate fueron los primeros arsenales de la Armada Argentina. Construidas en 1880 por decisión del entonces presidente Nicolás Avellaneda para servir de base de la llamada “Escuadra de Sarmiento” (primera fuerza naval argentina compuesta por buques de combate construidos como tales), sirvieron luego como escuela técnica, base de torpederas, depósito de artillería y simple depósito.
Declarado Monumento Histórico Nacional, la edificación está situada frente al paseo Victorica, paseo costanero que bordea el río Luján.
Sala Independencia, dedicada a hechos y figuras de especial significación en la historia naval argentina desde las Invasiones inglesas
Colección
El Museo está dispuesto en seis salas:
• Sala Lebán, dedicada a la historia de la navegación. • Sala Independencia, dedicada a hechos y figuras de especial significación en la historia naval argentina desde las Invasiones inglesas. • Sala González Lonzieme, dedicada a la historia marítima y naval argentina hasta 1880. • Sala Ratto, expone la historia de la Armada Argentina desde la época en que la República alcanzó efectivamente el mar hasta los tiempos presentes. • Sala Náutica Manuel Belgrano, dedicada a distintos temas, entre ellos se encuentra el Legh II, famoso velero utilizado por Vito Dumas para dar la vuelta al mundo; y los restos de la Fragata «25 de Mayo» comandada por el Almirante Brown • Sala de Armas, reúne armas navales de distintas épocas y está organizada por especies. En dicha sala se encuentra un sector dedicado al conflicto bélico de Malvinas.
Cuenta, además con un Parque de Artillería y Aviación, la Plaza Histórica del Paseo Victorica y una biblioteca especializada en náutica.
La colección está compuesta por cuatro mil piezas; doscientos veinte modelos en escala de naves mercantes, militares, deportivas, de pesca y de servicios de todas las épocas, ciento treinta modelos de aeronaves, cuatrocientos cuadros, cincuenta esculturas y piezas heráldicas, treinta cartas náuticas históricas, cien cañones, torpedos y armas mayores, cien armas de mano, diez embarcaciones, tres aeronaves, cien especímenes biológicos marinos, instrumentos náuticos, máquinas navales, cofres y banderas de guerra, uniformes, muebles, enseres y objetos personales, y su principal pieza: los restos arqueológicos de la fragata «25 de Mayo», que capitaneó el Almirante Guillermo Brown.
La colección
El Museo Naval de la Nación está dedicado a la historia naval argentina, a la historia marítima y a la historia de la navegación. Por su tamaño, variedad y riqueza, así como por la importancia mundial de algunas de sus piezas, el museo posee un acervo único en América Latina.
Reúne modelos de embarcaciones, cuadros, uniformes, armas blancas y de fuego, instrumentos de navegación y de hidrografía, muebles, mapas y cartas, cofres, banderas y objetos de arte.
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Horarios de visita
Viernes a domingos de 10:00 a 18:00 horas sin reserva previa.
Visitas de Establecimientos Educativos Miércoles a viernes con reserva previa
Cerrado al público los días 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero
A partir del mes de abril, para el ingreso al museo se abonará un bono contribución. ¡Tu aporte nos ayuda a continuar con el desarrollo de proyectos y el mantenimiento de nuestras instalaciones!
Contacto
Paseo Victorica Nº 602 Tigre – Provincia de Buenos Aires
El guardacostas GC-28 Prefecto Derbes, que se encuentra finalizando una campaña de patrullaje de la Zona Económica Exclusiva y su área adyacente, informó a los capitanes de la infracción.
Como parte del trabajo que realiza la Prefectura Naval Argentina, como Autoridad Marítima nacional, para vigilar y controlar los espacios marítimos del país, su guardacostas GC-28 Prefecto Derbes, en colaboración con sus Servicios de Tráfico Marítimo y de Buques Guardacostas, logró la detección de dos buques que navegaban desde las Islas Malvinas sin la correspondiente autorización argentina.
El hecho fue posible gracias al monitoreo permanente que realiza la Institución combinando patrullajes marítimos, aéreos y electrónicos para proteger los intereses marítimos argentinos.
En ese sentido, además de la presencia en el vasto territorio marítimo, desde la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre, se efectúa un seguimiento de los buques a través del Sistema Guardacostas, una moderna plataforma tecnológica que integra diferentes sistemas de geolocalización para hacer una vigilancia en tiempo real de los buques que navegan por el mundo.
Con ese contexto, la Fuerza advirtió que dos buques («BEAGLE», de bandera chilena, aparentemente remolcando al pesquero «AN FONG NO.136», de bandera Taiwán) navegaban a velocidad reducida dentro de la Zona Económica Exclusiva del país , al través de la ciudad de Comodoro Rivadavia, a 245 millas náuticas de la costa.
Las embarcaciones mencionadas presentan la particularidad de haber zarpado de las Islas Malvinas simultáneamente, con rutas idénticas, lo que sugiere que el remolcador podría estar prestando asistencia al buque pesquero “AN FONG NO.136” (IMO 9777979).
Cabe destacar que, de acuerdo al decreto 256/10, concordante con la Ordenanza 01-10 de la Prefectura, todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente.
Ante esto, personal del guardacostas Prefecto Derbes notificó a los capitanes de los buques infractores, por incumplir la mencionada norma al haber operado en las Islas Malvinas, sin el correspondiente aval argentino.
Además, se ha confirmado que ambos buques tienen previsto dirigirse al Puerto de Montevideo, según la información proporcionada por el sitio web de la Administración Nacional de Puertos (ANP-ROU).
La embarcación fue detectada 12 millas dentro de la ZEE.
El ministro de Defensa, Luis Petri, confirmó que la Armada Argentina interceptó en la noche del martes un barco con bandera china que estaba con «actitud pesquera» en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del país, es decir, en el Mar Argentino.
De acuerdo al portal Zona Militar, el ministro nacional contó a la prensa:“El día de ayer se ha producido una novedad. Se ha constatado por parte del OPV ARA “Cordero”, a partir de las 2205, la presencia de un buque de bandera extranjera, chino, 12 millas dentro de la ZEE, en aparente actitud de pesca. Una vez enterados, el buque se aproximó al pesquero. Esta último se retiró de la ZEE, detuvo su marcha por fuera de la milla 200. De momento no permite ser abordado para realizar el registro y control que de manera normal y habitual realiza la Secretaría de Pesca…”.
El portal Infobae actualiza la información y afirma que el buque fue abordado por la mañana de este miércoles por inspectores de la Subsecretaría de Pesca de la Nación.
Agrega que la embarcación -que fue identificada, pero cuyo nombre no fue dado a conocer- adoptó una «conducta engañosa» ya que abandonó la ZEE pero volvió a ella horas después pensando que las naves argentinas no volverían por varios días.
Pero el patrullero oceánico ARA “Cordero” y la corbeta ARA “Espora” regresaron a la zona y detectaron nuevamente el barco chino dentro del Mar Argentino.
De acuerdo a Zona Militar, el ministro Petri declaró: “nos hemos puesto en contacto con el juzgado competente a los efectos de que libere las órdenes para traer el buque chino a puerto, ya que no solamente se han violado normas de pesca sino que también hay resistencia a la autoridad. Estamos solicitando que el buque chino venga a puerto a los efectos de ser requisado”.
El operativo en el buque de bandera china ocurre luego del escándalo con la embarcación Tai-An, del empresario chino radicado en el país Liu Zhijiang, que realizó de forma ilegal la pesca de 139 toneladas de merluza negra.
El caso disparó una serie de renuncias de funcionarios, entre ellas la de uno de la Cancillería a quien se le adjudica haber intercedido en favor del pesquero chino.
Según se informó oficialmente, el subsecretario de pesca, Juan Antonio López Cazorla, dispuso que por el pescado decomisado la empresa pague $2.500 millones que serán ingresados al Fondo Nacional Pesquero (Fonape). El monto, definió Cazorla, es equivalente al valor de mercado al momento de arribo a puerto del buque en cuestión.
La sanción aplicada a la empresa incluye la prohibición de despacho de pesca por 45 días y una multa de $113.400.000, que, al haberse allanado según la normativa, se reduce en un 50%, y alcanza los $56.700.000.
El barco Tai-An se encontraba pescando de forma ilegal en zona de protección de juveniles de merluza negra. Esto se conoció tras el alerta que de una de las empresas autorizadas a capturar esa especie.
Por el procedimiento de la subsecretaría de Pesca se conoció que la empresa Prodesur SA, propietaria de la embarcación, no contaba con la cuota autorizada para la pesca de este ejemplar y superaba ampliamente las 5 toneladas autorizadas de manera «incidental», en relación al máximo permitido que puede entremezclarse en el cardumen que se pesca.
En declaraciones al diario Clarín, el empresario de origen chino desmiente que haya capturado merluzas juveniles: “Hicieron la inspección, la filmaron y filtraron esa foto de los juveniles para perjudicarme. No son juveniles lo que se pescó y esas toneladas son producto de algo incidental. Salió cuando recogimos la red porque estaba ahí. Nosotros no podemos saber lo que hay debajo del agua cuando echamos la red, el sonar no nos dice lo que vas a sacar”.
A bordo de un avión Hércules, el ministro de Defensa, Luís Petri, sobrevoló hoy la milla 200 para supervisar los operativos de patrullaje y control de los espacios marítimos de jurisdicción nacional que realiza la Armada Argentina.
En las últimas horas, la corbeta ARA “Espora” se sumó al patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, con el fin de redoblar los esfuerzos para garantizar, en todo el litoral marítimo, el resguardo de los intereses nacionales en el mar.
En ese sentido, el control efectivo de la Zona Económica Exclusiva tiene por objetivo evitar que buques extranjeros operen sin permiso Asimismo, con la presencia de la Armada se pone freno a las actividades ilegales de depredación de los recursos naturales de nuestro país.
La corbeta ARA “Espora”, dependiente de la División Corbetas de la Flota de Mar, zarpó el sábado pasado desde la dársena de la Base Naval Puerto Belgrano. Esta unidad de la Armada Argentina, cuenta a bordo con un helicóptero Fennec de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros y navega bajo control operativo del Comando Conjunto Marítimo, dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Acompañaron al ministro el jefe del Estado mayor Conjunto, brigadier general Xavier Isaac; el titular de la Armada, el contraalmirante Carlos María Allievi, entre otras autoridades.
Comando Conjunto Marítimo: Coordinación y cooperación nacional soberana
Su misión primordial es conducir las operaciones de vigilancia y control en los espacios marítimos y fluviales en forma permanente, a fin de contribuir a la preservación de los intereses vitales de la Nación Argentina.
El diputado provincial y ex intendente de General Pueyrredón asume la presidencia de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y de Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense y convoca “a defender la soberanía marítima”.
El diputado bonaerense y ex intendente de General Pueyrredón Gustavo Pulti fue elegido para asumir la presidencia de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y de Pesca de la Cámara de Diputados bonaerense y, desde ese lugar, adelantó a Tiempo que este miércoles presentará un proyecto de declaración que repudia la decisión del Comisionado del Reino Unido para las Islas Georgias y Sándwich del Sur, en representación de las pretensiones inglesas, de imponer “restricciones totales a la navegación y pesca» en el Mar Argentino y la Antártida.
Se trata, según el diputado, de una profundización en el «control británico sobre 166.000 kilómetros cuadrados adicionales a los 1.070.000 km2 de Área Marina Protegida Territorial” medida que violenta la soberanía territorial argentina, “los intereses productivos pesqueros de la República Argentina, la legislación nacional y la Res. 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
La iniciativa propone, también, impulsar una amplia convocatoria “a todos los sectores identificados con el objetivo de preservar un recurso estratégico para el desarrollo del país”. En comunicación con Tiempo, Pulti analizó el rol del gobierno nacional, especialmente la Cancillería, en relación al reclamo soberano argentino por Malvinas y todos los territorios argentinos de ultramar, incluida la Antártida.
Foto: Gentileza Florencia Ferioli
-¿Cómo analiza la visita del canciller del Reino Unido David Cameron a las Islas Malvinas, la reunión con la Cancillería argentina y la posterior ampliación inglesa del área marítima restringida en el mar Argentino?
En primer lugar, hemos presentado una iniciativa formal en la Legislatura bonaerense, cuyo tratamiento sobre tablas vamos a pedir para la reunión del próximo miércoles.
El derrotero que termina con el anuncio de la restricción de 166.000 kilómetros cuadrados que se adicionan a las restricciones que ya se habían establecido en 2012 arrancó un poco antes que el encuentro de la canciller argentina Diana Mondino con Cameron: el propio Presidente de la Nación Argentina, el 17 de enero pasado, en el encuentro de Davos tuvo una, por lo visto, amable reunión con el canciller inglés.
Y con posterioridad a ese encuentro, el premier visitó las Malvinas y dijo que el Reino Unido no quiere discutir la soberanía, con lo cual ratifica in situ, en el territorio usurpado, la voluntad del gobierno que representa de desconocer las resoluciones de las Naciones Unidas.
La Dra. Daniela Alemany, investigadora del INIDEP y CONICET, expuso su trabajo sobre las áreas ecológicas y la pesca en el Mar Argentino en el marco del «1º Simposio Conexiones para Sostener la Ciencia en América Latina»
Una científica argentina presentó en Colombia una investigación referida a las áreas ecológicas y la pesca en el Mar Argentino.
La Dra. Daniela Alemany, quien es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesuqero y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, fue becada para participar y presentar su trabajo en el “1º Simposio Conexiones para Sostener la Ciencia en América Latina”, el cual fue organizado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, la Fundación Richard Lounsbery y la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia.
El simposio estuvo apuntado a facilitar y desarrollar la comunidad científica de investigadores que inician su carrera en países de América Latina y Caribe, como así también en Canadá y los Estados Unidos.
El objetivo en sí fue la mejora del intercambio científico y el diálogo entre investigadores de carrera temprana o media en el hemisferio occidental, interactuando para facilitar la colaboración en investigaciones tanto dentro como fuera de la región.
El evento convocó a importantes investigadores, especialistas en diferentes temáticas, los cuales llegaron de Perú, Uruguay, Brasil, Jamaica, Estados Unidos, Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Argentina y representantes locales de Colombia.
Fueron tres las jornadas donde los asistentes intercambiaron conocimientos y discutieron avances en una amplia gama de temas multidisciplinarios a través de seis sesiones plenarias en relación a la seguridad alimentaria y nutrición, los océanos y el cambio climático, la energía en un mundo cambiante, la infraestructura de transporte, la preparación y recuperación ante una pandemia y la resiliencia comunitaria y preparación para desastres.
En la primera de las jornadas, en la ronda de posters, la Dra. argentina Daniela Alemany, presentó una investigación sobre las áreas ecológicas relevantes para las especies marinas y la pesca en el Mar Argentino, dentro de los cincuenta y cuatro trabajos científicas de diversos países americanos.
La investigación está basada en las estructuras oceanográficas, tales como los frentes, marcando que son discontinuidades en el medio marino que influyen en la ecología de los organismos y también en las actividades humanas como la pesca.
“Los sistemas frontales se caracterizan por una alta producción primaria y secundaria que se transfiere a niveles tróficos superiores dentro de la trama trófica regional. En tal sentido, existe un fuerte acoplamiento espacial entre los frentes y el fitoplancton, pero la asociación se vuelve más compleja a medida que ascendemos a niveles tróficos más altos, como el necton (peces y calamares), donde el comportamiento y la capacidad de natación determinan los patrones de distribución”, destaca el trabajo.
“El Atlántico Sudoccidental es una reconocida área de pesca a nivel mundial, tanto por su diversidad en recursos pesqueros de alto valor económico como por sus elevadas biomasas. La productividad de la región se debe en gran medida a una gran diversidad de frentes marinos y el más importante, por su productividad y extensión (> 1800 km), es el Frente de Talud Continental”, describió la Alemany en la presentación en Colombia.
“Este sistema frontal cumple un importante rol en la distribución, diversidad y abundancia de peces y calamares, y en la distribución del esfuerzo pesquero, lo que resalta la importancia de considerarlo como área potencial de conservación y manejo pesquero.”
A su vez hizo una descripción del Frente de Talud Continental, el cual se localiza tanto en aguas nacionales como también en internacionales, mostrando que en él operan pesquerías tanto de nuestro país como de otras naciones.
“En ese sentido, gran parte de los recursos pesqueros asociados a este frente son especies transzonales, es decir, nadan libremente entre la Zona Económica Exclusiva Argentina y aguas internacionales sin regulación de pesca en alta mar. Dado el desconocimiento del impacto de la pesca y del cambio climático sobre la biodiversidad y la trama trófica regional, el estudio del Frente de Talud resulta de especial interés a fin de definir su rol en la ecología de las especies marinas y en el esfuerzo pesquero, con el objetivo de proporcionar información para la gestión integrada y sostenible de esta región tan productiva”, describe también el trabajo.
Advertencia de que el creciente número de embarcaciones amenaza las poblaciones de peces y el medio ambiente, ya que la geopolítica impide un acuerdo para regular el área Paisaje marino: el estado de nuestros océanos está respaldado por
Sam Meadows en Buenos Aires, 19 de febrero de 2024
La escala de la pesca no regulada en una región en disputa cercana a las Islas Malvinas ha alcanzado un nivel «abrumador» que está amenazando las poblaciones de peces y la rica biodiversidad de la zona, han afirmado políticos y ambientalistas.
El “Agujero Azul”, un tramo del Océano Atlántico sur que se extiende aproximadamente a 200 millas de la costa de Argentina y al norte de las Islas Malvinas, es una de las únicas áreas del mar que no está cubierta por un acuerdo de pesca regional.
Según los expertos, esto ha creado una situación en la que las flotas pesqueras pueden pescar en el océano, en gran medida libres de regulación o supervisión. El número de embarcaciones que faenan en la zona se ha disparado en los últimos meses. Según un seguimiento rutinario realizado por el gobierno de las Islas Malvinas, a finales de enero más de 400 barcos pescaban en el Agujero Azul. A finales de noviembre sólo se habían observado 80 buques.
«Esta abrumadora actividad no regulada es desastrosa», dijo Teslyn Barkman, miembro de la asamblea legislativa de las Malvinas. «No se declara ni se restringe, pero es legal debido a la falta de un acuerdo regional sobre cómo se debe gestionar el área».
La mayoría de los barcos eran chinos, dijo el gobierno, y muchos apagaban sus rastreadores al ingresar al área, lo que hacía difícil cuantificar sus actividades.
Los buques pesqueros deben tener licencia de su país de origen y seguir las reglas establecidas por sus gobiernos. Sin embargo, en la mayor parte del mundo las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) ofrecen protecciones adicionales.
Se trata de organismos internacionales formados por países interesados en la zona y que proporcionan una capa adicional de protección contra la sobrepesca.
El Agujero Azul es único porque se encuentra en medio de una disputa geopolítica entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de las Islas Malvinas, conocidas como las Malvinas en el país sudamericano. Las islas son territorio británico y en 2013 los residentes votaron abrumadoramente a favor de seguir siéndolo. Sin embargo, Argentina también reclama soberanía e invadió las islas en 1982, lo que provocó una breve guerra en la que casi 1.000 personas perdieron la vida. Este diferendo ha dificultado las relaciones diplomáticas y ha obstaculizado el desarrollo de un acuerdo sobre pesca.
Rhys Arangio, director ejecutivo de Colto, un organismo comercial para empresas pesqueras de la zona, dijo que la organización apoyaba el establecimiento de una OROP pero que la geopolítica “se interpone”.
Alex Reid, que gestiona una flota de calamares, dijo que la falta de protección había creado «una batalla campal». «Es una mala situación para toda la región pero, hasta ahora, la política regional no ha sido lo suficientemente inteligente como para hacer arreglos sensatos para gestionar el área».
Reid añadió: “Esto significa que ahora los recursos están siendo pescados por una gran cantidad de barcos de muchas nacionalidades y las poblaciones se están agotando”.
Calamares congelados de las Islas Malvinas en el puerto de Vilagarcía de Arousa, Galicia, España. Fotografía: Miguel Riopa/AFP/Getty Images
Janet Robertson, directora ejecutiva de Consolidated Fisheries, una empresa con sede en las Islas Malvinas, dijo que el número «cada vez mayor» de flotas chinas había creado un «riesgo grave» para la sostenibilidad de las poblaciones de calamar. «[Estos son] de importancia económica sustancial para nosotros», dijo.
La venta de licencias de pesca representa aproximadamente dos tercios de la economía de las Islas Malvinas, lo que la convierte en la industria más importante de la zona.
El gobierno de las islas estima que aproximadamente la mitad de los calamares que se consumen en España tienen su origen allí.
La sobrepesca amenaza no sólo a las especies de peces objetivo, sino también al ecosistema en general. Hernán Pérez Orsi, de Greenpeace Argentina, dijo que el Agujero Azul era un “lugar clave para la biodiversidad, no sólo en la región sino en todo el mundo”.
La falta de intercambio de datos entre las islas y el continente también dificultó el seguimiento adecuado de la pesca en toda la región, dijo Barkman.
Si bien algunas administraciones argentinas se habían comprometido, dijo, “desafortunadamente, muchas más se han retirado de las discusiones o creado nuevas barreras”.
Orsi dijo que si bien hubo intentos de compartir datos, estos no se convirtieron en un acuerdo. «Es una pena, porque al final es la población de peces la que sufre», afirmó.
El país pierde entre US$ 500 y US$ 1000 millones por año entre captura, licitaciones y evasión fiscal de buques que reciben licencias del Reino Unido para operar alrededor de Malvinas. La Ley Ómnibus de Milei quiere flexibilizar la pesca extranjera ilegal perjudicando a la industria argentina.
El gobierno nacional pretende extranjerizar nuestro mar a través del proyecto de “Ley Omnibus” enviado al Congreso de La Nación. Como consecuencia, se dañaría de manera irreparable al sector pesquero nacional y a las provincias con litoral marítimo, como así también la explotación sustentable de nuestros recursos naturales y una fuente de trabajo de miles de argentinos.
En Argentina estamos viviendo un momento de extrema fragilidad económica que nos está llevando, entre otras cosas, a que se pretenda discutir absolutamente todo y no dar por sentado nada. Esto nos obliga a repasar ciertos consensos básicos que surgieron del pacto democrático de 1983 por el cual se reafirma la Constitución Nacional que establece que Argentina es una República (donde prima la división e independencia de poderes), Representativa (gobernada por sus representantes electos democráticamente) yFederal, es decir que deben respetarse las autonomías provinciales y propender a un desarrollo económico equitativo en toda su extensión territorial.
Pero cuando hablamos de territorio, sobre todo en relación a la imagen que proyectamos al mundo, solemos centrarnos en la zona núcleo de la pampa húmeda, dando a entender que nuestro país sólo se limita a vacas, caballos, soja, trigo y con suerte una breve referencia al río más ancho. Una imagen muy distinta del mar, las chacras, ovejas, fábricas, bosques y la inmensa cordillera a la que estamos acostumbrados los fueguinos.
Nuestra Constitución Nacional es muy vaga en sus definiciones territoriales: se declara la libre navegación de los ríos interiores, se separan los límites entre la Nación y las provincias a las que corresponden los recursos naturales, pero no existe ninguna mención geográfica particular en términos de soberanía.
Dos grupos de científicos del CONICET alertan que el Mar Argentino podría ser una de las aguas con más plástico, pero habría una solución: descubrieron polillas que lo pueden digerir. Las provincias patagónicas se unieron en un mega plan para salvar la costa.
Así concluyen los primeros informes de un trabajo de investigación de científicos del CONICET, realizado para la industria pesquera, ya que lo que las redes recogen del mar, nosotros lo comemos.
Liderado por la doctora en biología Rosana Di Mauro, el programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), detectó que en la plataforma continental argentina, sobre todo –y tan solo por ahora, ya que son las zonas más estudiadas- en Mar del Plata y la Bahía de Samborombón, hay 76,1% de microfibras compuestas por tereftalato de polietileno, un plástico usado para fabricar envases y prendas de vestir.
En paralelo y también a través del CONICET- que los libertarios planean cerrar o privatizar- otro grupo de jóvenes talentos argentinos del IER y del CONICET estudia con ahínco a las polillas y deposita sus esperanzas –con la cautela propia de los científicos- en dos de sus tipos, la Galleria mellonella y Achroia grisella, en la vida diaria conocidas como «polillas de cera”.
Y por una simple razón: esas polillas comunes y corrientes que espantamos del armario con todos los medios a nuestro alcance, viven en las colmenas de abejas y, acá lo más importante, comen plástico.
Costa Atlántica. A 50 km de Mar del Plata y Samborombón encontraron 17,4 partículas de plástico por litro de agua de mar.
En efecto, los investigadores del Instituto de Ecología Regional de la Universidad de Tucumán (IER) y los del CONICET-UNT hurgan con ahínco entre los panales porque, si sus hipótesis terminan de confirmarse, las dos polillas de cera podrían ser una solución tan eficaz como alentadora para combatir la contaminación plástica a nivel mundial: esas larvas consumen y biodegradan diferentes tipos de plásticos.
Empezó a funcionar el comando que unifica las tareas de control en el Atlántico de la Prefectura y las Fuerzas Armadas; los detalles del trabajo y las sorpresas
Un monitoreo satelital sumado a los buques de patrullaje y un equipo coordinado controlan todos los días que un promedio de hasta 600 barcos pesqueros no pasen ilegalmente a las 200 millas del Mar Argentino. No solo esto: también detectan y reportan vuelos y viajes náuticos de apoyo logístico externo a las islas Malvinas que vulneran la soberanía argentina.
Todo esto y muchas tareas más empezaron a potenciarse desde 20 días cuando se puso en funcionamiento práctico el Comando Conjunto Marítimo que está conformado por las Fuerzas Armadas, depende del comandante operacional de las Fuerzas Armadas, fue creado bajo la supervisión del Ministerio de Defensa y realiza tareas conjuntas con la Prefectura.
«Con la puesta en marcha del Comando Conjunto se jerarquizaron las tareas de patrullajes para dar alertas estratégicos, detectar anomalías y advertir sobre amenazas a nuestro mar Argentino», explicó a El Cronista el comodoro de Marina, Pablo Varela, comandante conjunto marítimo.
Desde el 15 de enero pasado que las patrullas de la Armada y la Prefectura empezaron a trabajar en forma coordinada en el mar Argentino a la vez que se puso en funcionamiento la sala de operaciones del Comando Conjunto Marítimo que opera desde el edificio Libertad.
Más de 27 uniformados de las Fuerzas Armadas, en su gran mayoría de la Armada, un piso entero del edificio Libertad y una gran sala de comandos con pantallas gigantes para analizar el estado de situación online de los controles satelitales forman parte de esta fuerte apuesta que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, puso en marcha para potenciar los controles en el Atlántico Sur.
La mayoría de los buques que están en el mar internacional tienen bandera de China, Taiwan, España o Portugal.
No se trata sólo de controles de la pesca ilegal. El Comando Naval también hace un control de las áreas marítimas protegidas, una vigilancia permanente en la hidrovía, el tráfico a las Malvinas, realiza un apoyo ante crisis ambientales y es un apoyo para las pautas de la política exterior del gobierno.
Entre diciembre y mayo se concentra la mayor cantidad de flujo de buques pesqueros que se acercan a las costas argentinas en el Atlántico. Y el Comando Naval controla que un promedio que en su mayor pico en mayo puede ser de 600 pesqueros no pasen la línea que divide las aguas internacionales del Mar Argentino. Es que muchos de esos buques no tienen licencias de pesca para operar en aguas argentinas aunque suelen extraer ilegalmente recursos del Mar Argentino.
La mayoría de esos buques que están en el mar internacional pero que deben ser controlados de manera permanente por el Comando Conjunto Marítimo tienen bandera de China, Taiwan, España o Portugal. También se han detectado 50 buques en la zona de Malvinas vulnerando el espacio de soberanía argentina y todo ello se alertó a la Cancillería.
LA INFRAESTRUCTURA PARA PATRULLAR
Los buques de la Armada y Prefectura trabajan en forma permanente e intercalada para patrullar la zona marítima argentina. La Armada dispone de tres buques oceánicos y en marzo llegará el cuarto. Y La Prefectura aporta un total de cinco buques. La novedad de todo esto es que el Comando Naval coordina las tareas de las fuerzas de seguridad y de la Fuerzas Armadas en el Atlántico, hecho que hasta ahora no ocurría.
La labor de los patrulleros marítimos se complementa desde el Comando Naval con la información satelital del sistema AIS, más el aporte de la Comisión de Actividades Espaciales (CONAE) y el intercambio de información con las armadas de Chile o Perú.
Cuando se detectan buques de pesca ilegal inmediatamente intervienen las autoridades del Ministerio de Agricultura y Pesca que labran actas de multa o confiscación de la mercadería. La Armada y Prefectura actúan como apoyo logístico.
QUÉ MOVIMIENTOS DETECTARON
A la vez, el Comando Naval viene detectando movimientos de buques y aviones de apoyo a las islas Malvinas. Según comentó a El Cronista el capitán de navío, Alberto Cohen, del Comando de Tránsito Marítimo, se han detectado movimientos de un buque mercante que realiza navegaciones periódicas desde Montevideo a las Malvinas. Se trata de un buque con bandera de conveninecia charteado.
No es el único apoyo que actualmente reciben los ingleses que se encuentran en las Malvinas. Además, el Comando Naval registró vuelos regulares charteados a empresas comerciales desde Gran Bretaña a Puerto Argentino en Malvinas en cuyos planes de vuelo figuran aeropuertos de Brasil como alternativas, aunque no se registraron hasta ahora tráficos marítimos de Brasil a las islas. A la vez, hay buques que operan en forma permanente desde Punta Arenas, en Chile, hacia las islas Malvinas como parte de tareas de mantenimiento y reparaciones.
Todas estas actividades fueron reportadas a la Cancillería por parte del Ministerio de Defensa ya que forman parte de violaciones a la soberanía argentina de parte de Gran Bretaña y se suman a los reclamos que la Argentina hace permanentemente a Londres y a Naciones Unidas.
El Gobierno dio luz verde para que avance una inversión millonaria para buscar petróleo en el mar argentino
El Ministerio de Medio Ambiente aprobó la realización de la actividad sísmica para dar inicio a la exploración de petróleo en tres bloques offshore ubicados en la cuenca Argentina Norte
Hay dos petroleras internacionales que operarán en el país por primera vez Total
Al filo del fin de año, el Ministerio de Medio Ambiente aprobó la realización de la actividad sísmica para dar inicio a la exploración de petróleo en tres bloques offshore ubicados en la cuenca Argentina Norte. “Esta actividad de prospección es fundamental para mejorar el entendimiento del subsuelo marino y conocer su potencial de recursos”, dijeron fuentes oficiales.
La cuenca Argentina Norte queda a la altura de Buenos Aires y Río Negro. Con una profundidad que va desde los 200 a los 4000 metros, se la considera de aguas ultras profundas, más difícil de explorar. En esta área se entregaron siete concesiones a las empresas YPF, Equinor, Shell, Qatar Petroleum, Total Austral y BP Exploration.
Los tres bloques que recibieron la autorización de la cartera que conduce Juan Cabandie fueron dados en concesión en 2019 a la petrolera noruega Equinor, en sociedad con YPF y Shell. Dos de las áreas se encuentran ubicadas a 307 km de la costa de Mar del Plata, mientras que la tercera está a 443 km. “Las tres compañías se comprometen a cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno argentino y los más altos estándares internacionales en términos de seguridad y socio-ambientales”, dijeron fuentes de la petrolera con control estatal.
“La actividad offshore se realiza con el máximo nivel de seguridad de la industria, con especial dedicación en la protección de las personas, el medio ambiente y el entorno local. Para este caso en particular, se presentó un estudio de impacto ambiental, que presenta las medidas de prevención y mitigación con carácter obligatorio para el proyecto. Además, el proyecto fue debatido en audiencia pública con una amplia participación de los actores interesados en julio pasado”, agregaron.
Tras analizar todo el material, según dijo el Gobierno, el Ministerio de Ambiente “fijó estrictas medidas y controles especialmente para prevenir potenciales impactos sobre la fauna marina”. Para la realización de la exploración, las empresas presentaron un plan de Gestión Ambiental que se compone de 13 programas y en cada uno se describen las actividades del proyecto con potenciales impactos, las acciones de mitigación y de prevención para evitar o reducir los posibles impactos negativos y mejorar los positivos.
Las petroleras habían obtenido una concesión de cuatro años, con posibilidad de extender el contrato. De hecho, a través del decreto 870/21, el Estado autorizó la prórroga por hasta dos años del primer período exploratorio de los permisos otorgados. Luego puede haber un segundo período de renovación donde tienen la obligación de perforar un pozo para saber si se puede comercializar gas o petróleo. Si luego de terminar el lapso están en condiciones de desarrollar el bloque, obtendrán el permiso de concesión para la producción, que es de 35 años.
El país cuenta con plataformas de exploración y producción offshore desde la década de 1970. Las únicas empresas que al momento extraen el hidrocarburo en el mar son la francesa Total Austral y la chilena ENAP. Las operaciones se realizan en la cuenca Austral, frente a Tierra del Fuego y Santa Cruz. Aproximadamente, el 18% de la producción de gas provino de áreas costa afuera, según información de la Secretaría de Energía.
“Cabe destacar que no se han registrado ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años de desarrollo de offshore en Argentina”, dijeron en el área que conduce Darío Martínez.
Pablo González, presidente de YPF, indicó por su parte que “la Argentina tiene un potencial enorme en su cuenca offshore con recursos que podrían equiparar a los que hay en Vaca Muerta. Su desarrollo podría generar un cambio profundo en el país, transformándolo en un país exportador de energía al mundo”.
“Los países que apostaron al desarrollo del offshore lograron un impacto muy positivo en la economía de sus países, sin afectar el medio ambiente. El caso de Brasil sirve como ejemplo de cómo se logró este camino de compatibilizar desarrollo económico y sustentabilidad ambiental”, agregó.
Según estimaciones de YPF, el proyecto tiene el potencial de generar 200.000 barriles de petróleo diarios, una producción similar a la que actualmente produce toda la petrolera. “Se estima que para su desarrollo, las inversiones ascenderían a más de US$6000 millones con un impacto muy positivo en la cadena de proveedores locales y en la generación de empleo. En la fase de desarrollo, se podrían generar 22.000 empleos directos. Todo este impacto en un solo proyecto”, señaló González.
Protestas en contra
El fin de semana, un grupo de manifestantes cortó parcialmente la ruta 11 en Chapadmalal, donde el presidente Alberto Fernández pasó las fiestas de Año Nuevo, para protestar en contra de la autorización de Medio Ambiente. También Greenpeace llamó a manifestarse en contra. En Twitter, la ONG subió una foto de dos personas con barbijo en la orilla del mar cubiertos de petróleo, que decía: “¿Imaginás tus vacaciones así? Ahora pueden ser una triste realidad HOY @AmbienteNacion aprobó la explotación petrolera offshore en el Mar Argentino, frente a la costa bonaerense. Si hay petroleras, habrá derrames Sumate por un #MarArgentinoSinPetróleo (sic)”.
La zona autorizada para explorar petróleo en el Mar Argentino es donde las ballenas francas se alimentan, advierten los científicos
La explotación fue permitada por el Gobierno el 30 de diciembre. El área abarca desde Mar del Plata hasta Necochea y tiene una enorme riqueza biológica, explican los biólogos y temen las consecuencias de la actividad petrolera.
Valentina no es cualquier ballena franca. La llamaron así por la valentía de haber fundado una familia que se extiende, por lo menos, a cuatro generaciones. La identificaron en 1971 y, desde entonces, se le conocieron 8 crías, 3 nietos y cuatro bisnietos. No es la única que tiene nombre. Otra es, por ejemplo, Pionera, quien fue fotografiada por primera vez desde el aire por el legendario Roger Payne, el biólogo que descubrió que los cetáceos se comunicaban cantando. Los científicos tienen una conexión emocional con cada uno de ellos. Saben sus rutas de alimentación, los lugares de apareo y cría. Por eso, tampoco dudan sobre el impacto nocivo de la actividad petrolera. Y temen lo peor.
Diego Taboada, Presidente Instituto de Conservación de Ballenas (ICB) y VicePresidente de Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de Influencia, afirma que los bloques concesionados a Equinor, que trabajará conjuntamente con YPF y Shell, “se superponen con zonas muy relevantes para las ballenas francasdurante toda su época de alimentación, que es en primavera y en verano. Los recorridos destacan que las ballenas hacen un uso intensivo de esas áreas de interés”.
Los bloques que fueron concesionados a Equinor, la empresa estatal noruega de hidrocarburos, como queriendo guardar un secreto, el último día hábil de 2021 por el ministro de Ambiente. Estos se conocen técnicamente como CAN100, CAN 108 y CAN 114. Son áreas tan extensas que van por el Atlántico desde Mar del Plata hasta Necochea. Pero, por sobre todas las cosas, tienen una enorme riqueza biológica ya que en esas aguas confluyen dos corrientes contrapuestas: la corriente de Brasil, que es cálida, y la Corriente de Malvinas, que es fría.
“Allí choca la corriente de Brasil con la de Malvinas y se encuentra la biodiversidad que viene de los trópicos con la que viene de la Antártida. Ese lugar de la confluencia es desde el punto de vista biológico de brutal relevancia”, señala, por su parte, Claudio Campagna, director del Sea and Sky Project de la Wildlife Conservation Society (WSC).
El biólogo ni quiere imaginar las consecuencias de un derrame en esa zona del mar como el que ocurrió con la plataforma Deepwater Horizon, en 2010, en el Golfo de México. Indica que la contaminación afectaría tanto a las más superficiales que existen sobre la plataforma marítima, como a las más profundas, por donde circulan las corrientes a gran velocidad. Así afectaría no sólo a los mamíferos y los pingüinos, sino también la distribución de larvas, huevos y la zona de migración del calamar.
Argentina tiene soberanía sobre un litoral marítimo muy extenso que tiene características especiales. Por un lado, tiene una plataforma enorme, con profundidad relativamente baja. Y un borde, o talud, muy pronunciado, donde la acción de las corrientes permite emerger los nutrientes del fondo marino, un auténtico “supermercado” de alimentos.
“La combinación de características biológicas, oceanográficas y geológicas es una suma de cualidades únicas es lo que hace este mar particular”, indica Campagna. “El talud -que es donde se emplazan los proyectos hidrocarburíferos- es como la pampa húmeda en serio, constante, sin sequías. Es el espacio del mar argentino que fertiliza el resto del mar argentino. Es un frente productivo, por lo tanto, de allí surgen los nutrientes del fondo del mar a la superficie y por lo tanto, se fertiliza el resto al dispersarse. Aquí hay un sistema importante, un vergel. Para arruinar todo lo demás, hay que ir al talud”.
La misma preocupación expresa Taboada. “Los bloques con permiso para exploración se localizan en el talud, un área clave para la estructura ecológica y funcional del mar argentino y de la región, con gran influencia de la corriente de Malvinas y donde se genera el mayor y más productivo frente marino a nivel regional. Las áreas frontales influyen en procesos de productividad biológica, estructura de tramas tróficas, historias de vida, flujos de CO2, entre otros y por lo tanto su conservación es prioritaria”.
“La industria petrolera tiene antecedentes gravísimos de su capacidad destructiva del ambiente marino. Todos recordamos el accidente del Golfo de México; y durante el 2021 la plataforma de Pemex, en el mismo golfo. Entonces, no hay forma de que esta actividad pueda garantizar que no tendrá impactos irreversibles en la biodiversidad y, por ende, en la salud y biodiversidad de toda la población, sobre todo de las actividades productivas como lo es el turismo de observación de ballenas, delfines y otros mamíferos marinos, que benefician a todas las comunidades costeras”, agrega Taboada.
Inmediatamente después que se concedieron los permisos a Equinor, las 23 organizaciones que constituyen el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Areas de influencia, señalaron en un comunicado que “la prospección sísmica genera intensas explosiones acústicas bajo el agua que pueden ser registradas a miles de kilómetros de distancia. La introducción de ruido en el mar puede afectar las funciones biológicas esenciales de mamíferos marinos, tortugas, peces y aves. Los efectos potenciales sobre la fauna marina son diversos e incluyen desde lesiones graves hasta la muerte, efectos físicos y/o fisiológicos, deterioro de la audición, enmascaramiento, y cambios del comportamiento.”.
“Sumado al impacto de la prospección sísmica, la posterior explotación de recursos hidrocarburíferos se asocia a amenazas potenciales para la vida marina y sus hábitats, como los riesgos de derrame de petróleo y las emisiones de gases por la quema de combustibles fósiles que empeoran los efectos del cambio climático. En un escenario donde se manifiestan a diario los devastadores efectos del cambio global, la aprobación de este proyecto resulta en un retroceso para la vida y salud del ambiente y de las personas.”, agregaron.
La ampliación de la frontera hidrocarburífera, además, contradice los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al firmar el Acuerdo de París, cuyo objetivo es limitar la suba de la temperatura a 1,5 C respecto de la era preindustrial. Para ello, es necesario reducir para 2030 a la mitad las emisiones de CO2, que en su mayoría, son producto de la quema de combustibles como los que se pretenden extraer del Atlántico Sur. Las emisiones deberán ser iguales a cero en 2050. Esto significa que estos proyectos serán de vida corta pero de daño largo.
Paradójicamente, la conservación de las ballenas ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, con lo cual, la actividad acústica de la prospección petrolera, significa un golpe por partida doble. “Sus heces ricas en hierro, nitrógeno y otros nutrientes, actúan como fertilizante, aumentando la productividad de pequeñas algas conocidas como fitoplancton. Éstas son el principal alimento de pequeños crustáceos conocidos como krill, que a su vez sostienen la vida de cientos de especies de peces, aves y mamíferos marinos, incluídas las ballenas. Estos eventos de fertilización también pueden facilitar la mitigación de los impactos negativos del cambio climático. La cantidad de hierro contenido en las fecas de las ballenas puede llegar a ser 10 millones de veces mayor que el nivel de hierro en el ambiente marino, desencadenando importantes florecimientos de fitoplancton, que a su vez secuestran miles de toneladas de carbono de la atmósfera anualmente. Cuando mueren, sus enormes cuerpos caen al fondo marino, convirtiéndose en la mayor y más nutritiva fuente de desecho alimenticio, capaz de sostener una sucesión de conjuntos macrofaunales por varias décadas”, dice Taboada.
La pesca no autorizada dentro y fuera de las aguas nacionales desafía la capacidad del Estado argentino y la comunidad internacional en términos ambientales, económicos y sociales
17 de diciembre de 2021,Pablo Oviedo
“En este momento tenemos entre 50 y 60 buques operando. En pocos días más, cuando migre el calamar, se irán sumando los demás, hasta alcanzar más de 500. Los tenemos a todos identificados”, dice Néstor Kiferling, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo y de Policía Auxiliar Pesquera de la Prefectura Naval Argentina. En una de las pantallas de la Sala de Situación puede verse una concentración de buques, representados por triángulos y cuadrados, todos al este de una línea roja que señala el límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
Estas flotas se ubican preferentemente en una delgada franja donde la productividad y riqueza pesquera son extraordinarias debido a los nutrientes transportados por la corriente de Malvinas, que, en contacto con el talud continental, ascienden a la superficie.
La principal especie capturada es el calamar, que migra a alta mar y, antes de volver a ingresar en aguas nacionales, es presa de buques “poteros” que provienen, en su mayoría, de China, Taiwán, Corea y España.
El Sistema Guardacostas brinda información en tiempo real del tráfico marítimoGentileza Prefectura Naval Argentina
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) que nuestro país aprobó en 1995, la pesca que se realiza fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), la denominada Milla 201, es legal. En la columna de agua de alta mar, la actividad está abierta a todos los Estados y es de utilización exclusiva para fines pacíficos.
Sin embargo, el impacto de esa actividad es más amplio, como señala Milko Schvartzman, coordinador del Programa Océanos del Círculo de Políticas Ambientales. “Más allá de que a veces no sea ilegal, el tener una flota de más de 550 barcos operando en la milla 201 genera un daño ambiental, económico y social importantísimo para nuestro país. Ese daño es el mismo así los barcos estén en la milla 199 o 201″, afirma.
La presencia de estas flotas en el Atlántico Sur plantea distintos problemas que se agravan si no son correctamente atendidos. Con el tiempo se han transformado en un desafío a la capacidad de nuestro país de gestionar sus recursos naturales, negociar exitosamente con otros países, defender el territorio marítimo, desarrollar la industria pesquera local y proteger los derechos de los consumidores.
Luz roja, luz verde
En la medida en que las poblaciones de peces en el hemisferio norte fueron reduciéndose por la fuerte presión a las que fueron sometidas, la industria pesquera internacional se trasladó fuera de sus países de origen y recurrió a prácticas que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denomina como “ilegal, no declarada, no reglamentada” (INDNR).
Con la intención de desalentar la pesca ilegal, o sea, aquella realizada sin autorización argentina dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), el año pasado el Congreso Nacional aprobó la actualización de multas y sanciones, la Armada incorporó nuevas embarcaciones patrulleras y se propuso la creación del Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul, que es objeto de un interesante debate.
El prefecto mayor Kiferling desataca que a partir de 2016, con la colaboración de Interpol, se produjo un cambio de paradigma que permite capturar a cualquier buque infractor en el momento en que ingrese a un puerto nacional o extranjero y ser puesto a disposición de la justicia argentina. Este cambio hace innecesaria la operación de persecución y evita los riesgos que implica. Sin embargo, es difícil demostrar la ilegalidad de la pesca debido a la gran extensión del Mar Argentino, lo cual podría explicar, según otros especialistas consultados por LA NACION, que los buques detenidos en los últimos 6 años solo alcancen a 2,5 anual en promedio.La Patrullera Prefecto Fique en el límite de la Zona Económica Exclusiva frente a la flota de buques poteros
“Si bien se ha ido aumentando el control por parte de la Armada y Prefectura, lo cierto es que es una extensión muy grande, lo mismo que la cantidad de embarcaciones que operan en esa zona”, comenta Darío Sócrate, Gerente de la Cámara de Empresarios Pesqueros Argentinos. “En muchos casos se pone en riesgo la seguridad de nuestros buques por la hostilidad que tienen las flotas que operan ahí”, agrega.
Una gran parte del territorio marítimo argentino está sujeto a la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marítimos Antárticos (Ccrvma), que parcialmente se solapa con el espacio que sigue ocupando el Reino Unido y cuya soberanía está pendiente de una solución definitiva. La pesca realizada en torno a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur también es ilegal, dado que ignora la legislación argentina. Se trata de una actividad que comenzó en la década de 1980 y actualmente ronda, según informa el gobierno británico, las 200.000 toneladas de capturas anuales. De hecho, se convirtió en la principal fuente de ingresos fiscales y sostén de la economía de las islas.
El juego de los subsidios
La mayoría de los buques que pescan en el límite de la ZEE argentina recorren enormes distancias y pueden competir con la industria pesquera argentina porque reciben subsidios de sus Estados de origen.
Daniel Skerritt y U. Rashid Sumaila, investigadores de la Universidad de Columbia Británica, publicaron este año un estudio sobre los subsidios que recibe la industria pesquera a escala mundial. En él sostienen que las ayudas a la pesca, en forma de exenciones fiscales y combustibles, alcanzan a US$5300 millones anuales.
Estas flotas compiten con la industria pesquera local no solo por el mismo recurso natural. “En Mar del Plata hay un tercio de la población que come con plata que tiene olor a pescado”, sostiene Sócrate, en tono sarcástico. Se refiere al efecto económico que el calamar y otras especies tienen en las comunidades costeras vinculadas a la actividad pesquera, ya que además de mantener activas a muchas empresas se generan divisas por exportaciones, se emplea a decenas de miles de trabajadores en forma directa, se alienta el crecimiento de los puertos patagónicos y el desarrollo de otras industrias, como la naval.
En cambio, los subsidios distorsionan los valores de mercado, generan competencia desleal y, por lo tanto, han sido objeto de negociación en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Además, estimulan a las flotas a explotar pesquerías con estándares ambientales deficientes, lo que contradice la meta 14.6 de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Por estas razones, la OMC está comprometida a alcanzar un acuerdo multilateral para la prohibición de los subsidios a la pesca INDNR. Sin embargo, la Conferencia Ministerial que iba a tener lugar en Ginebra a partir del 30 de noviembre fue aplazada debido al rebrote de la pandemia.
Control de la descarga de calamar en Puerto Madryn
“Uno no está en contra de la explotación o de la pesca, sino de la forma en que se realiza. Y la forma en que la realizan estas flotas es insostenible en el tiempo”, sostiene Schvartzman.
El juego de la trazabilidad
Los océanos cubren más del 70% de la superficie del planeta, lo que los convierte en una fuente de alimentos accesible para una población actual y futura que se espera que en los próximos 30 años aumente en 2000 millones de personas.
Sin embargo, el agotamiento de los recursos pesqueros es un problema global. Según datos de la FAO de 2014, el 29% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas y el 61% están al límite de su capacidad de regeneración.
Los subsidios a la pesca amenazan los ecosistemas marinosGETTY IMAGES
Una herramienta clave para combatir la pesca INDNR y su comercialización son los sistemas de trazabilidad. Con ellos se intenta garantizar a los consumidores una alimentación confiable y verificar que la extracción de los recursos pesqueros sea realizada en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles. La forma de implementarlo necesita un marco legal y actualmente hay, en la Argentina, dos proyectos de ley con estado parlamentario.
En la medida que se apliquen los certificados de trazabilidad habrá menores márgenes para el comercio de la pesca INDNR. Por eso, desde la industria pesquera argentina están “interesados en que se sepa y certifique que el Mar Argentino no solo está bien, sino que es uno de los mejores caladeros del mundo”, subraya Sócrate, para quien “la trazabilidad es un valor agregado y una política que se impone en los mercados internacionales que compran nuestros productos”.
La trazabilidad de la pesca le garantiza al consumidor que se respetan las normas laborales y ambientalesRicardo Pristupluk – LA NACION
El juego de las jurisdicciones marítimas
Existen vacíos legales, jurídicos y distintas posturas políticas, tanto de los Estados ribereños como de los Estados de bandera de los buques, que explican que la pesca INDNR se concentre en unos pocos caladeros del mundo. Actualmente, en el ámbito de la ONU se están discutiendo políticas para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional que se espera que concluyan el año próximo con la firma de un Acuerdo vinculante. Entre las facultades de este nuevo acuerdo está la de crear áreas marinas protegidas en alta mar.
La especie pertenece al grupo de los llamados calamares Ommastrephidae.
Consultado Milko Schvartzman sobre qué puede hacer nuestro país para proteger un recurso natural como el calamar, sostiene que “hay un abanico de herramientas, como crear un área marina protegida que realmente genere un impacto en el lugar, que cambien algo en la práctica, prohibiendo los subsidios a la pesca ilegal, con una diplomacia argentina activa y con la preocupación de los ciudadanos. Es decir, no hay una bala de plata sino una serie de herramientas con las cuales vamos a ir logrando obtener una pesca sostenible”.
La pesca en el Atlántico Sur adquiere una dimensión política porque el conflicto resulta también de la interpretación del Derecho que hacen los distintos actores.
Para la doctora Ana Victoria Villanueva, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de Fasta, y especialista en Derecho del Mar, existen varias medidas legales para que la pesca fuera de las 200 millas sea sostenible.
“Una es esperar el nuevo Acuerdo para establecer un Área Marina Protegida en la zona crítica con su correspondiente estudio de impacto ambiental. Además, se puede plantear un diálogo con los países que subsidian sus flotas ya que, según la Convemar, los Estados ribereños y de bandera tienen el deber de velar por la conservación de los recursos, pero para hacerlo más efectivo sería conveniente profundizar el diálogo bilateral”.
También hay leyes nacionales que buscan la conservación del recurso, aunque migre fuera de las 200 millas. “Si vamos a confrontar con otros países, el recurso termina siendo sobreexplotado. Hay que tener presencia en el Atlántico Sur, hay que tener diálogo y hay que tener diplomacia”, concluye Villanueva.
Los problemas que presenta la pesca en el Atlántico Sur admiten múltiples lecturas y se puede intentar encuadrarlos mediante leyes nacionales o instrumentos multilaterales. En cualquiera de esos casos, el desafío es hacerlos efectivos y que las buenas intenciones se concreten más allá de los papeles, de las pantallas y de tierra firme.
Divide y reinarás: reflexiones sobre el reclamo territorial de Chile
El reclamo chileno, debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan y son funcionales a intereses ajenos a Suramérica.
31 de agosto, 2021
El reclamo chileno, debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan y son funcionales a intereses ajenos a Suramérica.
Por César A. Lerena (*)
A propósito del conflicto generado entre Chile y Argentina con motivo de la oportuna delimitación de nuestro país de la plataforma continental, es interesante efectuar algunas precisiones al respecto, destinadas a esclarecer al común de los argentinos un tema de gran complejidad.
Empezaré por decir que la “plataforma continental”, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) comprende el lecho y subsuelo por debajo del mar, que se extiende a lo largo de la prolongación natural del territorio hasta el borde exterior del margen continental. No comprende el fondo oceánico ni el subsuelo de éste.
Cuando este margen se extiende más allá de 200 millas marinas desde las líneas de base (la Zona Económica Exclusiva), los Estados ribereños, indica la convención, delimitarán el límite exterior de la plataforma continental hasta las 350 millas marinas.
Argentina, en 1995, mediante la Ley 24.543 ratificó la CONVEMAR y, por tal motivo, creó la Comisión de Límites de la Plataforma Continental Argentina (COPLA) que, desde su formalización por la Ley 24.815 de 1997, elaboró un trabajo interdisciplinario excepcional que transcurrió durante varios gobiernos (Menen, De la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner), de modo de cumplir con lo previsto en el artículo 76º (inc. 8 y 9,) que establecía: “El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas (…) a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental” para lo cual, “depositará en las Naciones Unidas las cartas e información pertinente que describa el límite exterior de su plataforma continental…”.
Como consecuencia de ello, la referida Comisión de Límites, que funciona en la ONU pero no pertenece a esa organización, sino que fue creada por la CONVEMAR (Anexo II art. 1 a 3), compuesta de 21 miembros, analizó la voluminosa documentación que Argentina presentó el 21 de abril de 2009, mediante la cual solicitó la recomendación por parte de esa comisión de 1.782.000 km2 de plataforma continental por fuera de las doscientas millas marinas.
El 28 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017 recomendó la aprobación de solo 351.633 km2 por cuanto 1.430.367 km2 no fueron tratados, por entender de ese cuerpo, que eran espacios relacionados a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, en disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Ya en el año 2020, el Gobierno actual promovió (a mi juicio innecesariamente) la sanción en el Congreso de la Ley 27.557, resaltando una supuesta reafirmación soberana sobre espacios que en su mayoría, como dije, estaban en disputa con el Reino Unido, con el objeto evidente de satisfacer políticas domésticas.
Por su parte, la República de Chile no efectuó similar presentación ante la referida Comisión de Límites y, si bien no hay plazos porque la plataforma continental es “inherente” a los Estados, es particularmente notable la falta de observación oportuna de Chile, ya que por un lado los técnicos que integraban la comisión recomendaron por unanimidad la presentación argentina en los kilómetros cuadrados indicados, que incluían el espacio, hoy reclamado por Chile y, tampoco el país vecino efectuó observación alguna, entre la presentación y la recomendación a Argentina (entre 2009 y 2017) y, recién el pasado 27 de agosto de 2020 el Gobierno de Sebastián Piñera cuestionó por decreto los espacios informados por Argentina, entendiendo que en el sur de Tierra del Fuego se podría estar cercenando derechos chilenos relativos a la isla Diego Ramírez y, fundado en que Chile, pretendería proyectar su plataforma continental al este de las coordenadas establecidas en el artículo 7º del Tratado de 1984.
Es difícil entender el reclamo chileno ya que correspondería indicar los límites que se acordaron entre ambos países por el Tratado con Chile de 1881, el Protocolo Complementario de 1893 y, especialmente por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, donde se estableció una línea divisoria en las coordenadas 67º 16’ que delimita claramente a ambos países: “El límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de la República Argentina y de la República de Chile en el mar de la Zona Austral a partir del término de la delimitación existente en el Canal de Beagle será la línea que una los puntos que a continuación se indican y que se identifican con líneas y los puntos A, B, C, D. E y F, donde se indica que desde el punto E el límite continuará hacia el Sur hasta el punto cuyas coordenadas son 58° 21’,1 de latitud Sur y 67° 16’,0 longitud Oeste identificado como punto F”.
A esta altura suscribo a la expresiones del Coordinador del Departamento del Atlántico Sur del IRI (el doctor Carlos Alberto Biangardi Delgado) en el sentido de que “Argentina y Chile se han reconocido mutuamente derechos de soberanía sobre una porción del cuadrante antártico suramericano: promover la defensa conjunta de la misma dentro del Sistema del Tratado Antártico, ya que los actores extrarregionales que operan hoy en la Antártida dificultarán al extremo una acción individual exitosa de cada uno de estos países (…) lo importante es no ser funcional al juego de todos aquellos interesados en dividirnos, solucionando este nuevo diferendo dentro del amplio marco que nos ofrecen las herramientas del Derecho Internacional (…) y promover la defensa conjunta del cuadrante antártico suramericano reclamado por ambos países, partiendo de la base del mutuo reconocimiento de la soberanía sobre el mismo”.
Dicho esto, no deja de llamar la atención la innecesaria confrontación en estos momentos en que ambos países enfrentan procesos electorales y Chile lleva adelante, además, una reforma constitucional, a la par de que Argentina sufre una invasión británica de 1,6 millones de km2 de sus mares y territorios insulares en el Atlántico Sur; la explotación de sus recursos naturales; más la pretensión del Reino Unido de disputarnos millones de km2 de plataforma continental y la Antártida.
Este reclamo chileno, debería resolverse entre ambas Cancillerías, evitando pasar por arbitrajes que tensionan, respetándose las mutuas soberanías y de la manera más efectiva para que estas diferencias no sean funcionales a intereses ajenos a Suramérica.
(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca
En 1982, el Reino Unido tenía invadidos 11.410 km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000 km2 de territorio marítimo e insular.
25 de agosto, 2021
Por César Augusto Lerena (*)
Observo con atención en los últimos tiempos que hay una mayor atención en la cuestión Malvinas, desde la puesta en duda sobre su pertenencia hasta la reivindicación de derechos. En medio de ello, nuestros funcionarios se limitan a invitar a dialogar por enésima vez a Gran Bretaña y a resaltar las fechas conmemorativas, sin lograr un solo avance, mientras que los ingleses controlan cada día más nuestro territorio.
El próximo 40° aniversario de la recuperación de Malvinas nos encontrará peor que en 1982: el Mar Argentino está ocupado y hay una Secretaría de Malvinas inerte.
En 1982, el Reino Unido tenía invadidos 11.410 km2 (Malvinas) y hoy tiene ocupados y explota 1.650.000 km2 de territorio marítimo e insular. Más de 100 buques que operan en Malvinas extraen 250.000 toneladas anuales de recursos pesqueros por un valor de US$ 1.000 millones anuales y, en todo el Atlántico Sur, más de 350 buques extranjeros se llevan anualmente un millón de toneladas por un valor de US$ 4.000 millones, el doble de las exportaciones argentinas. Si se hubiesen promovidos acuerdos entre empresas para la pesca de los recursos migratorios otro hubiese sido el desarrollo empresario y social de la Patagonia.
Ahora, el Gobierno ilegal de Malvinas está en proceso de construir un puerto en Malvinas que se constituirá en la puerta de acceso a la Antártida y de la logística de los buques que operen al sur del Mar Argentino, remplazando a Ushuaia y a otros puertos del litoral nacional. Desde la firma de los Acuerdos de Madrid (1989/90) los británicos se llevaron recursos migratorios argentinos por un valor de US$ 32.000 millones.
Si embargo los gobiernos no han tenido voluntad de desechar los Acuerdos de Madrid ni el Pacto de Foradori-Duncan (2016), puestos en ejecución sin aprobación del Congreso, en los que se incluyeron por primera vez las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Les permitió a los británicos avanzar los millones de km2 del mar referidos; regular el movimiento de las naves militares argentinas; facilitar la relación de Malvinas con Brasil y Chile y, con ello, el contacto comercial de las islas con el mundo e implementó la “fórmula del paraguas” que permite que Gran Bretaña avance y Argentina siga congelada.
Par otra parte, el abogado Marcelo Kohen, que hoy asesora al Presidente en el Consejo Nacional de Malvinas, elaboró en 2018 un plan que les permitiría a los isleños determinar -entre otras cosas- quiénes podían o no radicarse en las islas y, a los treinta años, tener un referéndum para determinar si adoptan la soberanía británica o argentina. Un plan que pondría en manos británicas la soberanía de Malvinas, ya que es de esperar que, si los isleños británicos son los únicos que votan, ocurriría lo que ya ocurrió en el referéndum ilegal de 2013, donde el 99% optó por continuar siendo súbditos británicos.
Por su parte, Uruguay abre sus puertos a la pesca ilegal en el Atlántico Sur y tiene previsto para 2022 la habilitación del puerto pesquero Capurro para atender la operatoria y logística de los buques que pescan en el Atlántico Sur y en Malvinas y, licitación su operación, será de “empresas chinas”. Si ello ocurre, tanto Uruguay como Argentina, en los hechos, perderán el control de la pesca, en una región donde los buques chinos son mayoritarios, aunque se agregan también españoles, coreanos y taiwaneses. El Atlántico Sur está internacionalizado y ello dio lugar a la presencia de buques de las fuerzas armadas de Estados Unidos, bajo pretexto de controlar la pesca ilegal.
En medio de ello, debemos sumar la revitalización de algunas declaraciones que refieren a que las Malvinas no son argentinas, como es el caso de la precandidata a diputada Sabrina Ajmechet y de la reiterada declaración en ese sentido de Beatriz Sarlo. Llama la atención, en ambos casos, que se preocupen por supuestos derechos de 3.000 ocupantes de Malvinas y no por los millones de argentinos que han perdido casi todos sus derechos básicos, como la educación, el trabajo, la vivienda, etcétera. Estas declaraciones reflotan en coincidencia con el Brexit, donde el Reino Unido necesita fortalecer su pertenencia sobre los territorios de ultramar.
Y debería agregar que todas las empresas que pescan en el Atlántico Sur y Malvinas pescan subsidiadas; las certificadoras internacionales de productos pesqueros avanzan para decirnos que empresa podrá o no exportar a los mercados; nuestro Congreso promueve un área Marina Protegida Agujero Azul que dará argumentos al Reino Unido para establecer nuevas restricciones a Argentina, impedirá la pesca argentina y encarecerá la gestión en lugar de darle los medios al INIDEP para que cumpla con la tarea de asegurar una pesca sostenible y todavía hay quienes promueven la creación de los OROP, que reafirmará al Reino Unido en la administración de aguas argentinas.
Hace casi sesenta años que los gobiernos argentinos promueven el diálogo y la cooperación unilateral, sin éxito. Argentina tiene recursos diplomáticos, económicos, técnicos, biológicos y empresarios para que, en forma pacífica, pueda cambiarse ese modelo que impide el desarrollo regional, la generación de empleo y el fortalecimiento nacional, para alcanzar mejores condiciones para estar más cerca de recuperar la integridad territorial con las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los mares correspondientes, así como la disputa sobre la Plataforma Continental y la Antártida.
(*) ExSecretario de Estado y experto en Atlántico Sur y Pesca
Las Islas Malvinas, además de una zona de control geoestratégico en la proyección hacia la Antártida, goza de amplio dominio del Océano Suroccidental. La pesca y el petróleo son dos fuentes de ingreso que sustentan la actividad en el archipiélago.
Viernes, 13/08/2021
Alguien dijo una vez, que los modelos políticos y estratégicos caen, el día que la actividad que los sustenta/financia presente rentabilidad nula o negativa. Mientras tanto, además de lo estratégico, las Islas Malvinas hoy gozan de un modelo de financiación del sistema que permite seguir creciendo. Las dos actividades mas rentables por esas latitudes, son las pesca y el petróleo.
La Cámara de Comercio de las Islas Malvinas se reunió con el futuro embajador del Reino Unido en Argentina.
Fue a través de una mesa redonda con Kirsty Hayes, miembros de la comunidad empresarial, Mike Summers, presidente de la Cámara de Comercio, y el gobernador de las islas Nigel Phillips.
Días atrás, la Cámara de Comercio de las Islas Malvinas organizó un almuerzo de trabajo para permitir que los miembros de la comunidad empresarial se reunieran con Kirsty Hayes, embajadora británica (designada) en Argentina.
La Cámara hizo participar del encuentro a empresas de industrias clave, así como a asociaciones miembro clave, a una mesa redonda con el objetivo de brindarle a Kirsty un panorama general de la amplitud de las actividades económicas que se desarrollan en las islas, fundamentalmente en lo que se refiere a la industria pesquera.
Las exposiciones comenzaron con una descripción general de la Cámara y el sector privado en las Islas Malvinas antes de que Kirsty se presentara a la audiencia. El intercambio de ideas se centró fundamentalmente en la industria pesquera y especialmente en cuestiones relacionadas con el intercambio de datos pesqueros y la ordenación pesquera regional en el Atlántico suroccidental.
La atención también estuvo puesta en los hidrocarburos, donde la Asociación de Licenciatarios de Petróleo de las Islas Malvinas describió los continuos desafíos y oportunidades que rodean el desarrollo de la industria en las islas.
Luego, Kirsty recibió una descripción general del sector del transporte marítimo y la logística, con miembros de la comunidad empresarial que expresaron la importancia de los vínculos marítimos y describieron los desafíos a los que se enfrentan.
La sesión se cerró con más preguntas sobre la economía de las islas antes de que Kirsty partiera para su próxima cita en una gira por las Islas Malvinas.
Participaron de este encuentro la Asociación de Pesca de las Islas Malvinas (FIFCA), la Asociación de Empresas Rurales de las Islas Malvinas (RBA), la Asociación de Turismo de las Islas Malvinas (FITA), el Asociación de Licenciatarios de Petróleo de las Islas Malvinas (FIPLA).
Kirsty asumirá su cargo en la embajada Británica en la Argentina a partir de septiembre de este año.
Renovación de modelo pesquero después del Brexit
El Reino Unido se encuentra reperfilando la estrategia pesquera. Los barcos europeos ya no tendrán acceso automático a caladeros como Gran Sol en el Atlántico Norte. Entonces, una revisión similar se encuentra en proceso en el Atlántico Sur por parte de las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas, tendiente a alterar el régimen administrativo de las pesquerías incluyendo el manejo del calamar y las concesiones/licencias.
La medida responde básicamente a compensar los efectos del Brexit e intentar preservar las inversiones pesqueras y venta de permisos/licencias que representan casi el 50% del PBI del archipiélago y el 30% de los ingresos fiscales. Ambas referencias dan una idea de su importancia ante el riesgo de estancamiento.
La intención sería cuotificar el calamar illex argentinus a través de un régimen de cuotas individuales transferibles similar al que aplica Nueva Zelanda para las pesquerías de calamar flecha (dos especies del género Todarodes). Las cuotas se distribuirían en proporción entre barcos que posean capturas históricas de acuerdo al volumen de las mismas, dejando un porcentaje para nuevos participantes. Un informe de fines del año pasado sugiere incluso otorgar licencias de pesca a perpetuidad. Ese documento sería la base de algunas de las reformas en la administración pesquera, con el objetivo explícito de retener el control de los recursos naturales, asegurar su explotación y permitir el acceso a mercados.
El enfoque es preocupante porque altera el esquema actual de manejo del calamar, que se basa en una estimación de la biomasa poblacional anual previa al inicio de la temporada (1° de febrero) y el cierre de la misma a más tardar el 30 de junio o antes, conforme a los rendimientos. La inquietud reside en que no se fijarían capturas máximas permisibles (CMP), y es probable que los barcos anticipen la pesca, con una mayor presión extractiva de febrero a mayo, y el riesgo de que la prolonguen sobre la fecha límite aconsejable y operen sobre la fracción juvenil, afectando la sustentabilidad de la especie tanto en las aguas circundantes a Malvinas como en las internacionales. También atraería un aumento de la pesca por arrastre, y habría una mayor muerte incidental de fauna acompañante.
Si bien el método neozelandés trasladado a Malvinas puede ser ventajoso desde el punto de vista de la economía de las islas, implicaría dejar de lado evaluaciones anuales en la forma de cruceros de pre reclutas, tal como realiza la Argentina. Esas estimaciones científicas son clave para poder alcanzar el valor de las asignaciones de captura. Sin datos previos difícilmente habrá algún tipo de alerta para el cierre temprano que garantice el escape y proteja reproductores, lo que comprometería la situación de la pesquería en su conjunto. La cuestión adquiere gravedad adicional por la pesca desmesurada en la milla 201 que este año se vio sobresaturada por la presencia de la flota taiwanesa y coreana.
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Archivo Malvinas 